La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) informó que el sector empresarial del país observa con buenos ojos que la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social.
La central patronal ha insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMEs, del país.
Se detalla que esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país.
En México, la dimensión del problema es innegable: Sin considerar la cifra negra de 97 por ciento de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos. Estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general.
A través de #DataCOPARMEX, se confirma que el 12.8 por ciento de nuestras Empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5 por ciento). Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5 por ciento de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles.
Por ello, la COPARMEX considera que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que la Federación y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables.
Para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables:
Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.
Además, para las MiPyMEs la extorsión frena su capacidad de invertir, operar y crecer; en muchos casos las obliga a cerrar y rompe cadenas productivas completas. Contar con un marco jurídico homologado y con sanciones claras ofrece certidumbre y fortalece las condiciones necesarias para que comercios, pequeños negocios y emprendedores trabajen, inviertan y crezcan.