En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) observa que, persisten riesgos que pueden debilitar los pilares sociales y limitar el crecimiento productivo, aunado a que genera una mayor deuda para la sociedad.
El presupuesto mantiene un enfoque asistencial que no fortalece las capacidades productivas del país ni atiende las necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que son el corazón de la economía. El Paquete Económico 2026 parte de una proyección de crecimiento entre 1.8 y 2.8 por ciento, superior a la expectativa promedio de 1.4 por ciento.
Se detalla que la Federación estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos, un incremento de 6.5 por ciento respecto a lo aprobado en 2025. Sin embargo, este escenario parte de un déficit de 4.1 por ciento del PIB, sólo ligeramente menor al de 2025. Con ello, la deuda pública alcanzará un máximo histórico de 52.3 por ciento del PIB, equivalente a 151 mil pesos por habitante, de acuerdo con México Evalúa.
Este nivel de endeudamiento no sería alarmante si los recursos se destinaran a proyectos productivos. No obstante, la COPARMEX aprecia que, una vez más, la deuda financiará principalmente gasto corriente y no inversión. El costo financiero ascenderá a 1.6 billones de pesos, con un incremento real de 9.4 por ciento, lo que reduce el espacio fiscal disponible para áreas prioritarias.
Por ello, la COPARMEX sostiene que el presupuesto debe convertirse en un instrumento para el desarrollo productivo y no solo para la administración del gasto. La deuda pública, en sí misma, no representa un riesgo si se orienta a proyectos que generen crecimiento, empleo y bienestar sostenible.
Por ello, se propone fortalecer a las MiPyMEs a través de programas de capacitación, digitalización, financiamiento y vinculación con cadenas de valor; Reorientar la deuda hacia inversión productiva; Elevar la inversión pública al 5 por ciento del PIB; Impulsar la participación del sector privado en energía y obras públicas.
Asegurar la eficiencia del gasto público; Fortalecer la seguridad y el Estado de Derechos; y Garantizar que las leyes secundarias derivadas de la reforma judicial se construyan con apertura y diálogo.