México enfrenta un panorama preocupante; los eventos naturales extremos son cada vez más frecuentes y costosos (como son las lluvias en Querétaro y otras entidades), mientras que gran parte de la población continúa sin mecanismos de protección financiera que les permitan recuperarse.
Las cifras lo confirman: solo en 2024, los desastres naturales causaron pérdidas económicas por más de 85 mil millones de pesos (alrededor de 5 mil millones de dólares), según la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Los eventos con mayores impactos fueron las tormentas tropicales e inundaciones en el sureste, así como los daños estructurales derivados de sismos en el centro del país.
De acuerdo con Andrés Ramírez, cofundador de Zebra Insurtech, la mayoría de las familias afectadas por un desastre natural no cuentan con herramientas para afrontar la pérdida de su patrimonio. “En México, más del 80 por ciento de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no cuentan con seguro. Esto significa que millones de familias enfrentan solas la pérdida total de su patrimonio cuando ocurre un desastre”, señaló.
Dicha cifra proviene de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que ha documentado de manera consistente esta falta de cobertura en sus informes sectoriales, es tal el impacto que la industria aseguradora mexicana paga hoy 25 millones de pesos diarios por siniestros hidrometeorológicos, como los sucedidos en Querétaro y otros Estados.
México ocupa el segundo lugar en América Latina en pérdidas económicas por desastres, solo después de Brasil, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). A nivel nacional, el Banco Mundial estima que estos eventos cuestan al país más del
1.5 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) cada año, considerando daños materiales, costos de reconstrucción e interrupciones productivas.
Se detalla que la falta de cobertura también se refleja en infraestructura. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los daños anuales a infraestructura pública y privada —como hospitales, escuelas y caminos— superan los 40 mil millones de pesos. Esta situación genera enormes presiones fiscales para gobiernos locales y para la recuperación de servicios básicos en comunidades afectadas.
Además, el CENAPRED estima que por cada peso invertido en prevención y protección financiera se pueden evitar hasta siete pesos en reconstrucción, lo que demuestra la rentabilidad social y económica de invertir en resiliencia.
Advirtió que el cambio climático y el crecimiento urbano sin planificación están aumentando la exposición al riesgo en zonas habitacionales y comerciales. “El seguro contra desastres no es un lujo: es una estrategia de resiliencia. Proteger un hogar o un negocio es también proteger la estabilidad económica de familias, comunidades y gobiernos.”