La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) reconoció a las y los legisladores del Congreso de la Unión por aprobar la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta la creación de una Ley General en materia de extorsión.
Esta decisión histórica permitirá establecer un marco legal uniforme en todo el país para enfrentar un delito que, durante años, ha dañado a millones de personas, ha frenado la inversión y ha generado pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos anuales.
El organismo patronal señala que esta reforma, conlleva propuestas del sector privado, que se dialogaron desde septiembre de 2023, cuando se presentaron iniciativas y argumentos técnicos para dotar al Congreso de las herramientas necesarias que permitan coordinar a los tres niveles de gobierno en la persecución de este delito.
Durante las sesiones de debate, legisladoras y legisladores citaron los datos presentados en el Monitor de Seguridad de COPARMEX, donde se documenta que en el primer semestre de 2025 se registraron 5 mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en registros oficiales y 83 por ciento superior a la de hace diez años.
La extorsión es el delito que más lastima a los negocios, especialmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que generan el 65 por ciento de los empleos formales en México. Los resultados de #DataCoparmex 2024 indican que el 12.8 por ciento de nuestros socios han sido víctimas de la extorsión, principalmente por vía telefónica (70.5 por ciento). Cada día, 32.3 personas en promedio son afectadas, lo que provoca pérdidas económicas, frena proyectos productivos y limita el crecimiento económico en regiones enteras.
La nueva facultad del Congreso para emitir una Ley General permitirá articular una estrategia integral que contemple protocolos de atención a víctimas, fortalecimiento de las Unidades Antiextorsión locales, uso de inteligencia criminal, sanciones ejemplares y mecanismos de prevención. Con este marco jurídico, será posible cerrar el paso a los grupos que operan bajo la ley que hoy encuentran en la extorsión una de sus principales fuentes de financiamiento.
La ley deberá incluir atención diferenciada para las regiones donde predominan prácticas como el “cobro de piso” y para las víctimas de extorsión telefónica, quienes requieren operadores capacitados en manejo de crisis y canales digitales de denuncia seguros y efectivos.
La ley debe acompañarse de campañas nacionales que fortalezcan la cultura de la legalidad y promuevan la denuncia, a fin de reconstruir el tejido social y consolidar el Estado de Derechos que México necesita para garantizar seguridad, atraer inversiones y generar empleos formales.