La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dio a conocer su postura sobre las reformas legales que impulsa en especial el partido en el poder, que se califican de concentradoras del poder político.

Se informa que el proceso legislativo extraordinario en el Congreso de la Unión que encendió señales de alerta en múltiples sectores de la sociedad mexicana. En ese breve periodo, se aprobaron 16 reformas que, lejos de fortalecer el marco institucional, alteran los equilibrios democráticos.

Por ello, la COPARMEX manifiesta  una profunda inquietud por el rumbo que está tomando la relación entre el Estado y la ciudadanía. La desaparición de la gran mayoría de órganos autónomos, la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo (sin mecanismos de control) y la falta de apertura al diálogo plural y técnico.

El proceso legislativo reciente -de nueva cuenta- mostró un patrón inaceptable: la aprobación acelerada de iniciativas sin un debido análisis, sin transparencia, y sin considerar las voces de expertos, ni de la sociedad civil. Las consecuencias de este proceder son serias y duraderas, se denunció.

La concentración de poder representa una amenaza para la libertad. En México, la ciudadanía ha conquistado espacios de participación y vigilancia a pesar de los gobiernos, no gracias a ellos. Hoy, con mayorías legislativas abrumadoras, se cancela el disenso y se impone una sola visión; se reemplaza el diálogo por la imposición.

Una de las reformas más relevantes fue la modificación a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que centraliza funciones clave bajo el mando federal, fortaleciendo la Guardia Nacional subordinada a la SEDENA. Aunque se mantiene un discurso de “formación civil”, se introducen términos ambiguos como “amor a la patria” y “federalismo cooperativo”.

Esta centralización plantea múltiples riesgos: militarización indirecta de tareas civiles, sobrecarga para municipios sin recursos suficientes y menor vigilancia ciudadana sobre las fuerzas de seguridad.

La nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública refuerza una lógica centralista al establecer un sistema nacional de inteligencia bajo la coordinación de la SSPC.

La propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea, en su lugar, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ambas bajo control del Ejecutivo federal.

Esta reconfiguración debilita la imparcialidad regulatoria, politiza decisiones clave, pone en riesgo la neutralidad tecnológica y compromete la seguridad jurídica del sector, que aporta 3.3 por ciento al PIB nacional. Además, afecta el cumplimiento de compromisos internacionales como los establecidos en el T-MEC.

La COPARMEX sostiene que la peor herencia que puede dejar un régimen es la desaparición de los órganos autónomos, porque en ella se extingue la posibilidad de que el ciudadano tenga voz ante el poder.  Por ello, se rechaza la aprobación de reformas al vapor, sin deliberación profunda ni apertura al diálogo ciudadano.

 

 

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