La aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al INEGI, representa un grave retroceso en la evaluación técnica, imparcial y especializada de las políticas sociales, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Por ello, se rechazó esta medida que elimina al único organismo capaz de evaluar, con rigor e independencia, la política social del Estado mexicano. No se trata de una simple reestructuración administrativa; se trata de eliminar al evaluador para evitar cualquier resultado adverso, se informó.

El Coneval representó un referente técnico nacional e internacional. Sus informes revelaron progresos, pero también errores y retrocesos en los programas sociales. No es casual que haya sido blanco de descalificaciones por parte del gobierno anterior, especialmente cuando en 2021 documentó que 3.8 millones de personas más habían caído en la pobreza.

Dos años más tarde, celebró una supuesta salida de 9 millones sin mencionar que, para entonces, el Coneval ya había sido debilitado. Hoy, su desaparición completa confirma un patrón: borrar al árbitro que contradice el discurso oficial, detalla la central patronal.

Para la COPARMEX, el transferir sus funciones al INEGI implica confundir dos tareas distintas. El INEGI genera datos; el Coneval evaluaba políticas públicas. Una cosa es contar, otra es analizar impacto. La especialización del Coneval permitió identificar qué programas funcionaban y cuáles no. Eliminar esa capacidad técnica abre la puerta a decisiones sin fundamento, basadas en popularidad y no en resultados.

Se denunció que asignar al INEGI un rol de evaluador de políticas públicas también compromete su función esencial como generador autónomo de información. Convertirlo en juez del desempeño gubernamental distorsiona su naturaleza técnica y lo expone a presiones políticas.

En dicho panorama, la COPARMEX exige que se conserven íntegramente las metodologías, frecuencias y términos de referencia utilizados hasta ahora. Si los nuevos informes no son comparables, objetivos y transparentes, impedirán cualquier mejoría en la política social. “No aceptaremos simulaciones disfrazadas de evaluaciones. Medir la pobreza no puede convertirse en un acto de fe, ni en un instrumento de campaña”, se informó.

La eliminación del Coneval se suma a una ofensiva más amplia contra los organismos autónomos. Se ha advertido que debilitar instituciones autónomas solo sirve para concentrar el poder y silenciar las voces incómodas. No hay justificación técnica ni financiera: su operación representa apenas el 0.05 por ciento del presupuesto federal.

 

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