El próximo 1 de junio, más de 800 cargos judiciales estarán en juego en un proceso sin precedentes que definirá el rumbo del Poder Judicial en México. Esta elección es histórica por su magnitud y los riesgos que implica, señala la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Sin embargo, la central patronal subraya que lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte, transparente y profesional, ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado. “Hoy estamos ante una elección que no fue planeada para mejorar la impartición de justicia; fue diseñada para controlar al Poder Judicial. El resultado de este ejercicio será un sistema debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado”, se denuncia.
El desarrollo y preparación de este proceso ha puesto en evidencia múltiples deficiencias que generan inquietudes sobre su legalidad, imparcialidad y transparencia. La fragilidad que rodea al nuevo sistema de justicia no es producto del azar sino resultado de una reforma mal diseñada y apresurada. La ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, han derivado en un modelo débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana. Lo que está en juego no es solo quién juzgará sino cómo se impartirá justicia en el país.
La elección judicial, en lugar de haberse concebido como un mecanismo para fortalecer las instituciones de justicia, ha sido utilizada como una herramienta política. Desde su origen se advirtió que la reforma no partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional, sino fue configurada bajo la lógica de control. En lugar de garantizar un sistema más independiente y profesional, se impulsó una reconfiguración que prioriza la lealtad sobre la idoneidad, debilitando los contrapesos y comprometiendo la imparcialidad del Poder Judicial.
Por ello, la COPARMEX impulsa la participación ciudadana como un pilar democrático. Hoy, a pocos días de esta elección, se alza la voz ante un proceso que no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas, ha abandonado la imparcialidad, la transparencia y la técnica, y que está siendo utilizado como herramienta política y no como mecanismo de fortalecimiento institucional.
“Nos encontramos frente a un momento decisivo. Observamos y señalamos las deficiencias de las diversas etapas que integran el proceso electoral del Poder Judicial con las herramientas ciudadanas que nos quedan, o dejamos que la justicia en México quede sujeta a intereses ajenos a la justicia. La elección está cerca y tenemos la posibilidad de revertir esta reforma con la observación ciudadana para registrar irregularidades, inconsistencias y errores”, se detalla.
Las campañas por cargos judiciales han adoptado prácticas propias de la política partidista, alejándose de la evaluación técnica y de méritos. Se han registrado estrategias populistas centradas en “legitimidad popular”, dejando de lado la trayectoria, formación y criterios jurídicos de quienes aspiran a ser juezas, jueces y magistraturas.
Estas prácticas no solo erosionan la credibilidad del proceso, también socavan la confianza ciudadana en la impartición de justicia. La independencia judicial no puede depender de simpatías electorales ni de lealtades políticas. La justicia no se elige por aplausos, no es un concurso de popularidad; se construye con autonomía, formación, conocimiento y vocación de servicio.
Ante la desinstitucionalización progresiva que estamos presenciando, la participación activa de la sociedad civil es hoy más urgente que nunca. La observación electoral no es un trámite, es una forma de resistencia democrática frente al autoritarismo. Documentar, visibilizar y denunciar las irregularidades del proceso judicial representa el último dique frente a su captura por intereses ajenos a la legalidad, se informó.
Ante dicho panorama, la COPARMEX ha desplegado una estrategia nacional de observación. Más de 215 personas observadoras, registradas y capacitadas formalmente ante el Instituto Nacional Electoral, forman parte de nuestro esfuerzo coordinado para vigilar este proceso. Esta red cubre el 60.6 por ciento de los distritos electorales federales, lo que representa más del 65 por ciento del territorio nacional.