La crisis hídrica, lejos de ser un fenómeno aislado, representa una amenaza creciente para todo México. En 2025, México experimenta una presión sin precedentes sobre sus fuentes de abastecimiento. Sequías prolongadas, deforestación en zonas clave, urbanización descontrolada y la sobreexplotación de acuíferos han reducido la disponibilidad de agua por habitante a niveles alarmantes.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la disponibilidad de agua en el país pasó de 10,000 metros cúbicos (mtrs2) en 1960 a 3,200 metros cúbicos en 2024, y se estima que podría ubicarse por debajo de 3,000 metros cúbicos para 2030.
El caso del 2022 de Monterrey simboliza tanto la fragilidad del sistema de agua como las posibilidades de transformación. Tras la emergencia, la capital de Nuevo León emprendió una serie de acciones decisivas. Nuevas presas, como Libertad, acueductos modernos y plantas tratadoras optimizadas permitieron recuperar reservas. Sin embargo, otras ciudades con menores recursos siguen vulnerables, con zonas rurales que dependen exclusivamente de pozos o fuentes contaminadas.
La Comisión Nacional del Agua ha impulsado proyectos integrales como el Plan Hídrico 2050. Aunque ambicioso, este programa requiere coordinación efectiva entre estados, municipios, iniciativa privada y ciudadanía. La inversión pública resulta insuficiente sin una política de conservación estructurada, educación ambiental masiva y penalización clara del desperdicio.
Además, la agricultura responsable de cerca del 76 por ciento del consumo nacional enfrenta cuestionamientos por prácticas obsoletas que desperdician miles de millones de litros diarios. Reformar esta actividad sin afectar la seguridad alimentaria representa un desafío doble: técnico y social. Tecnologías de riego eficiente, almacenamiento inteligente y monitoreo satelital existen, pero su adopción ha sido lenta fuera de zonas privilegiadas.
En paralelo, la industria contribuye al estrés hídrico en polos de desarrollo como el Bajío o la frontera norte. A pesar de normativas, muchas empresas descargan aguas sin tratamiento adecuado, alterando ecosistemas enteros. Fomentar esquemas de reúso, monitoreo independiente y sanciones efectivas debe dejar de ser una aspiración para convertirse en política de Estado.
Por ello, la red empresarial Rotary presentó en su Conferencia Distrital 2025, algunas acciones clave en las que la iniciativa privada y ciudadana debe promover un cambio significativo hacia un futuro más sostenible.
Entre las soluciones presentadas es fomento a la captación de agua de lluvia en viviendas y escuelas, en base a implementar sistemas de recolección pluvial permite aprovechar las precipitaciones, especialmente en temporadas de abundancia. Esta agua puede utilizarse para tareas no potables como riego, lavado o cisternas.
Aumentar la reparación de fugas y mantenimiento del sistema hidráulico doméstico. Una llave goteando puede desperdiciar más de 30 litros diarios. Revisar periódicamente las tuberías, sanitarios y conexiones evita pérdidas invisibles pero significativas.
Uso eficiente del agua en la agricultura mediante riego tecnificado, pues el campo consume más del 75 por ciento del agua nacional. Sustituir el riego por inundación por métodos como goteo o aspersión, además de programar el riego según la necesidad real de los cultivos, puede reducir el desperdicio hasta en un 50 por ciento.
Incrementar el tratamiento y reúso de aguas residuales. Ciudades como Monterrey ya han comenzado a integrar este modelo con resultados positivos. El tratamiento adecuado permite reintegrar millones de litros al sistema sin afectar la salud ni el ambiente.
Fomentar la educación hídrica en todos los niveles escolares. Concientizar desde temprana edad sobre el valor del agua transforma hábitos a largo plazo. Incluir en los programas escolares actividades prácticas sobre ahorro, cuidado de fuentes y uso responsable del recurso.