La elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, en las condiciones actuales, constituye un error histórico que pone en riesgo la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad democrática de México, declaración efectuada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y junto con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Con el objetivo de presentar los avances y el plan de acción para la observación electoral judicial, COPARMEX y las organizaciones Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensores, A.C., anunciaron que desplegarán una estrategia conjunta para vigilar el desarrollo del proceso, la votación y el conteo de votos.
Llamaron a la ciudadanía organizada a sumarse a esta vigilancia activa para documentar anomalías, prevenir irregularidades y fortalecer el último contrapeso ciudadano en un proceso sin representación en casillas ni transparencia operativa.
Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de COPARMEX, subrayó que “México necesita un Poder Judicial confiable pero la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos. No estamos en contra de modernizar el Poder Judicial; estamos en favor de un sistema de impartición de justicia basado en el mérito, la legalidad y la independencia.
La Observación Electoral debe ser una herramienta ciudadana, no un instrumento de simulación, por lo que exigimos se apliquen las sanciones y acciones que correspondan conforme a la ley para quienes, bajo el disfraz de observadores electorales, en realidad representan intereses partidistas”.
Por su parte, Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, expuso las deficiencias del marco normativo electoral y “desde la sociedad civil hemos acusado, hemos señalado, candidatos con antecedentes que incumplen los requisitos de idoneidad.
También hemos advertido la complejidad de las reglas para poder conocer los perfiles, la afectación a los derechos a la información, las reglas que se van haciendo sobre la marcha, la incertidumbre. Creemos que las elecciones han perdido legitimidad”.
La reforma judicial ha sido acompañada de un proceso sin precedentes, en el que la improvisación, la falta de filtros y la ausencia de transparencia configuran un escenario de riesgo para la democracia. Con una reducción del 50 por ciento de casillas, una boleta técnica compleja y fallas persistentes en la plataforma del INE, el contexto electoral impide a la ciudadanía votar con información suficiente y limita su capacidad de elección informada.
Adicionalmente, el conteo de votos se realizará en consejos distritales, sin cadena de custodia efectiva ni participación de representantes de las candidaturas, lo que abre la puerta a la manipulación de resultados. El periodo de revisión de diez días, sin vigilancia efectiva, puede ser aprovechado para alterar el resultado final y vulnerar la voluntad ciudadana.
Frente a estos riesgos, COPARMEX y las organizaciones aliadas refrendaron su compromiso de desplegar observadores en todo el país, documentar cada etapa del proceso, evaluar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades electorales y analizar la idoneidad de los perfiles ganadores. Su misión será proponer iniciativas que fortalezcan un sistema judicial profesional, imparcial e independiente, alejado de intereses políticos o criminales.