El reciente anuncio sobre la instauración paulatina de la reducción de la jornada laboral, exige una reflexión profunda y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señala que cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo debe construirse desde el diálogo responsable, con base en datos, y considerando el difícil contexto económico actual que enfrentan el país y las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas.
La central patronal reitera su disposición para participar en las mesas de trabajo que convocará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se informó que debe ser un proceso que incluya a todas las voces y visibilizar la realidad de los distintos sectores económicos.
“No es momento de decisiones unilaterales, ni de imposiciones políticas. Es tiempo de construir acuerdos que garanticen el equilibrio entre productividad, mejoras en las condiciones laborales y viabilidad empresarial, para impulsar los objetivos gubernamentales.
La colaboración entre trabajadores, empresas y gobierno ha permitido, en años recientes, progresos fundamentales en el mundo laboral, entre los que destacan: el incremento sostenido del salario mínimo; la ampliación de vacaciones; la regulación de la subcontratación; y la reforma pensionaria, que incrementó las aportaciones patronales y garantizó mejores condiciones para el retiro.
Estos logros no deben ponerse en riesgo. Al contrario, deben consolidarse mediante nuevas medidas que fortalezcan la productividad, impulsen la formalidad y generen condiciones propicias para que las empresas respondan a los retos del mercado interno y externo. Por ello, es fundamental que también se logre la deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales y la actualización de la tabla de subsidios al empleo (ISR), como elementos clave para fomentar la formalidad y facilitar la implementación de nuevas obligaciones laborales.
Cualquier propuesta para reducir la jornada laboral debe incluir una implementación gradual, flexible y adecuada a las capacidades de cada sector productivo. Además, se deben establecer excepciones razonables para actividades específicas, que por su naturaleza requieren esquemas distintos, con el fin de evitar impactos negativos que puedan traducirse en pérdida de empleos o aumento en la informalidad. No atender esta realidad sería ignorar las condiciones de millones de pequeños negocios que operan al límite y sostienen gran parte del empleo nacional.
El país enfrenta una marcada desaceleración económica, niveles altos de informalidad que superan el 54.5 por ciento de la población ocupada y una baja productividad laboral —la más baja entre los países que integran la OCDE—.
Se insiste en que ningún cambio profundo puede llevarse a cabo sin un auténtico diálogo social tripartito. Las decisiones en materia laboral deben surgir del consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. Es indispensable transitar de las declaraciones a las soluciones, poniendo al centro el bienestar de las personas, detalla la COPARMEX.