El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la prevalencia de actos de corrupción en personas y empresas ante instancias gubernamentales alcanzó un 45.2 por ciento de los adultos del país. El estado de Querétaro, por cada mil burócratas, se iniciaron 41.4 investigaciones; que le ubican en el 10 sitio nacional en aspectos de corrupción.
A nivel estatal, por cada mil personas servidoras públicas se iniciaron 34.6 investigaciones de corrupción durante 2023. Quintana Roo y Chihuahua tuvieron las tasas más altas, con 176.7 y 136.9 investigaciones por cada mil personas adscritas a las instituciones públicas estatales, mientras que en 6 entidades federativas esta tasa fue de menos de 10 investigaciones por cada mil personas.
Los bajos en investigaciones de actos de corrupción son Sinaloa, con 3.3; Yucatán con 3.4; Tlaxcala con 3.7; Tabasco con 5.5 y Veracruz con 5.6.
Dichos datos surgen de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020-2025; la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), 2014-2024; el Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF), 2019-2024 y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), 2024.
Durante 2023, 2,341 personas servidoras públicas de la APF fueron sancionadas, lo que equivale a una tasa de 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas. En el caso del estado de Querétaro, tuvo un promedio de 14.6; colocándose en el sitio 11 de las 32 entidades en sanciones a la corrupción.
A nivel estatal, México y Campeche tuvieron las tasas más altas de personal sancionado en 2023, con 103.1 y 81.0 personas sancionadas por cada 10 mil personas servidoras públicas, respectivamente. En el mismo año, en las Administraciones Públicas Estatales (APE) de Baja California Sur y Colima no se registraron personas servidoras públicas sancionadas.
De enero a junio de 2025, 8.9 por ciento de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue mayor en hombres (10.2 por ciento) que en mujeres (7.9 por ciento).
Por otro lado, durante el primer semestre de 2025, 45.2 por ciento de las personas de 18 años o más, de áreas urbanas, que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, fue víctima de corrupción. Este porcentaje fue de 49.9 por ciento en hombres y de 36.8 por ciento en mujeres. INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 2020-2025.
En 2023, 169,769 empresas (3.5 por ciento) fueron víctimas de corrupción. Esta prevalencia de corrupción es menor a la registrada en 2017, año con la prevalencia más alta en el periodo analizado.
En 2023, las empresas medianas fueron las más afectadas por actos de corrupción. Por cada microempresa víctima de corrupción hubo 2.5 empresas medianas en la misma situación. Por sector económico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia de corrupción en las empresas de los sectores comercio, industria y servicios.
Las faltas administrativas ocurren cuando las personas servidoras públicas cometen actos u omisiones que incumplen o transgreden los principios y obligaciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Durante 2023, se iniciaron 40,145 investigaciones por presunta responsabilidad de faltas administrativas en la Administración Pública Federal (APF), lo que representó una tasa de
24.8 investigaciones por cada mil personas servidoras públicas.