Las organizaciones civiles Causa en Común, Perteneces – Justicia e Igualdad, e Impunidad Cero presentaron el documento «Informe de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias» que construye los Índices de transparencia judicial.
En el curso de la evaluación se identificaron obstáculos y limitaciones en cuanto a información que debería estar completa, actualizada y de fácil acceso al público. En donde el estado de Querétaro, es la entidad con mayor control de sus datos, detalla contar con 695 integrantes de las instituciones policiacas estatales (diciembre 2024), 6 elementos menos que en enero de 2024; se dieron 57 altas de personal; 60 bajas; es decir, sólo menos 3 individuos. Dicha cifra es la menos discrepancia a nivel país. A diferencia de Veracruz con 2,230, Estado de México con 880 y Oaxaca con 833.
El documento señala que como parte del proceso de recepción y análisis de la información solicitada, se detectaron algunas buenas prácticas que podrían replicarse en otras entidades; vale la pena destacar como son los estados (Colima, Guerrero e Hidalgo) realizaron versiones públicas de información solicitada.
Aunado a que algunas instancias proporcionaron la información en formatos editables, con ello facilitando la búsqueda y el uso de los datos. Fue el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Igualmente se señala que la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro, relacionaron los archivos de manera clara y ordenada.
Un ejemplo de descontrol datos es el Estado de México, que informó que en enero de 2024 contaba con 14,362 elementos y en diciembre del mismo año con 14,325; es decir, 37 menos. Sin embargo, para el mismo periodo también reportó el ingreso de 650 elementos y la baja de 1,183; es decir, 533 menos.
El Estado de México, Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán indicaron que no cuentan con el catálogo de perfiles, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que sí lo tienen.
La academia de Tlaxcala informó que no se ejerció presupuesto para la formación policial en 2024; sin embargo, reportó el egreso de 106 cadetes.
Nayarit respondió que no cuenta con sistema de promociones ni con perfiles de puestos del personal de seguridad y custodia. Además, durante el 2024 no se llevaron a cabo promociones de grado para el ascenso. Mientras que 22 entidades federativas afirmaron que no cuentan con una ley especializada en materia del sistema penitenciario.
Entre otros hallazgos del índice, señala que la mitad de las policías estatales carece de sistemas de servicio profesional de carrera. En materia de profesionalización, persisten limitaciones importantes en equipamiento e infraestructura, además de la falta de planificación en los procesos académicos. En el ámbito disciplinario, se evidencian debilidades en sus capacidades de supervisión, inspección e investigación interna, lo que dificulta la prevención de conductas ilegales.
Respecto a la autonomía que debieran caracterizar a las fiscalías, se mantienen mecanismos de designación y remoción de fiscales que permiten una influencia determinante por parte de los Ejecutivos estatales. En cuanto a profesionalización, persisten deficiencias en la formación inicial y en la actualización del personal sustantivo.
Además que persisten desafíos significativos en la carrera y profesionalización del personal de custodia, además de una limitada efectividad en los procesos disciplinarios y de certificación. De hecho, la falta de certificación internacional responde a graves deficiencias en gestión y seguridad, así como a obstáculos significativos para la reinserción social. En relación con la capacidad e infraestructura, llama la atención que algunas instituciones reportan un menor número de centros activos en comparación con otras fuentes oficiales.
Las persistentes inseguridad e impunidad en México están ligadas a la debilidad de sus instituciones de seguridad, justicia y penitenciarias. Producto del abandono, esta debilidad ha generado enormes costos para el país, no sólo en términos sociales y económicos, sino también en el ámbito político, al propiciar una creciente militarización, a todas luces inoperante para efectos de seguridad pública, e incompatible con una democracia moderna.
A nivel estatal, las policías, fiscalías y penales enfrentan un deterioro creciente resultado de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para el desarrollo de estas instituciones, y de la disminución de fondos federales a costa del incremento a los presupuestos controlados por las Fuerzas Armadas.
A partir de la evidencia recolectada se constató que las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias se encuentran en un estado que impide que cumplan con sus obligaciones de ley. El valor de este esfuerzo se encuentra, en primer lugar, en el hecho de que los parámetros de evaluación son precisamente las leyes que las rigen, evidenciando el abismo que existe entre éstas y la realidad; en segundo lugar, en el hecho de que los resultados y saldos en cada rubro y en cada entidad los ofrecen directamente las propias instituciones evaluadas; en tercer lugar, en el desglose puntual de los aspectos que comprenden el desarrollo de dichas instituciones.