La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) informó que la elección del poder judicial se trató de un proceso que no atiende las necesidades del sistema de justicia ni garantiza el fortalecimiento institucional que México requiere.
“Nuestra posición es clara: Esta elección no puede convertirse en el nuevo modelo para futuros procesos electorales. No debe sentar precedentes para justificar recortes presupuestales, reducir el número de casillas que solo debilitaron la logística electoral, exigir a las autoridades electorales la organización de una elección con poco tiempo, entre otros problemas.
La central patronal aduce que se “estamos seguros de que las condiciones que observamos hoy durante la jornada electoral, atentan contra la verdadera democracia, los derechos de los ciudadanos e incluso contra la independencia de los órganos electorales que hemos construido desde la sociedad y que deben seguir sirviendo a la ciudadanía.
El papel que asumimos como observadores electorales nos ha permitido constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad”.
A lo largo de la jornada se generaron más de mil reportes y documentaron una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas casillas y hasta compra de votos en algunos municipios. En diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado.
La baja asistencia y el desinterés confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en las instituciones y que permea en la inversión y confianza como país.
En los próximos días, indica la COPARMEX continuará sistematizando los hallazgos y dará seguimiento puntual al cómputo distrital, a fin de identificar y denunciar cualquier anomalía adicional que pudiera surgir.
“Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte y confiable, se convirtió en un proceso que prioriza el control político por encima de la autonomía, la profesionalización y la meritocracia”.
La Confederación concluye que no es la reforma que el país necesita y ya está teniendo consecuencias. Cada vez más empresas transnacionales están optando por recurrir a tribunales internacionales para resolver sus controversias, abandonando la jurisdicción mexicana ante la falta de confianza en la justicia local.