Contrario a lo que siempre presume la industria minera, de que sus proyectos generan desarrollo económico en los lugares de donde extraen los minerales, una investigación revela que en los municipios con mayor extracción de metales como oro, plata y cobre, la población vive en condiciones de pobreza y en algunos casos, el nivel de pobreza sobrepasa la media nacional.
La investigación, Los condenados del subsuelo. Pobreza en los municipios mineros de México, de la Mtra. Beatriz Olivera, investigadora y directora de la organización Engenera, y el Dr. Isidro Téllez, investigador y profesor del Instituto de Geografía de la UNAM, evidencia la persistencia general de altos niveles de pobreza en los principales municipios mineros de México.
Con base en la revisión de datos oficiales y de indicadores de desarrollo económico y bienestar, así como de los volúmenes de extracción y exportación de minerales, el documento concluye que “la actividad extractiva no se ha traducido en mejoras claras ni permanentes en las condiciones de vida de las poblaciones de los territorios de donde se extraen las tres cuartas partes del valor de la producción nacional de los minerales que México exporta”.
Asimismo, “los datos revelaron un patrón claro: los municipios con mayor producción de metales preciosos (oro y plata), como Eduardo Neri, en Guerrero; Caborca, en Sonora; Fresnillo y Mazapil, en Zacatecas, suelen presentar niveles de pobreza más elevados que aquellos municipios con menor volumen de extracción”.
El municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, uno de los principales municipios productores de plata, tiene uno de los índices de pobreza extrema más altos del país, lo que nos dice que la derrama económica de la minería no ha sido suficiente para reducir las carencias de la población local. Mientras que en Fresnillo, Zacatecas, considerado el centro platero más grande del mundo y con una economía más diversificada, cuatro de cada 10 habitantes viven en condiciones de pobreza, y generalmente se ven obligados a emigrar en busca de fuentes de empleo.
En cuanto al cobre, el estudio revela que dos de los siete municipios productores presentaron un nivel de pobreza superior al promedio nacional. Álamos (Sonora), donde opera la mina a cielo abierto Piedras Verdes, la tercera mina de cobre más grande de México, y Mazapil (Zacatecas), donde opera la unidad minera Peñasquito, una de las más grandes de México y con mayores volúmenes de extracción de oro y plata, en este municipio 44% de la población vive en condiciones de pobreza.
La minería es una actividad que concentra una gran inversión y genera gran riqueza, concentrada en pocas manos. Es una actividad que utiliza mucha tecnología y maquinaria y muy poca mano de obra, por lo que los centros mineros no representan una extensa fuente de empleo para la población local, menos aún cuando ésta carece de formación técnica especializada.
Los autores subrayan que el discurso más repetido, por las autoridades como por las empresas, es que su actividad extractiva es motor del “desarrollo”, que la minería genera bienestar, oportunidades de vida digna y desarrollo social en comunidades alejadas de centros urbanos a las que, además de empleos, provee de servicios educativos, de salud, agua potable, electricidad, entre otros. En los hechos –según los datos oficiales– las mineras operan de una forma muy distinta, pues se valen del despojo de tierras, de la expulsión o desplazamiento de la población, del acaparamiento y contaminación del agua.
Para Roberto de la Rosa, defensor del territorio y campesino de Salaverna, Zacatecas, las mineras solo han dejado destrucción, contaminación y violencia en los territorios. Su caso es emblemático: su pueblo fue destruido y la gente desplazada a la fuerza para la apertura de una mina de Grupo Frisco, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim.
Las familias de Salaverna perdieron sus casas y medios de vida, sin haber sido notificadas siquiera de que su territorio había sido concesionado para la explotación minera. Además, las personas reubicadas recibieron una vivienda muy precaria, no en propiedad sino en comodato.
Salaverna, al norte de Zacatecas, es una comunidad de cientos que han sido desplazadas al amparo de una ley hecha totalmente a favor de las empresas y con el contubernio de autoridades de los distintos órdenes de gobierno, que abiertamente promueven el desarrollo de proyectos mineros en las comunidades sin mecanismos que aseguren que los beneficios económicos de la actividad minera se traduzcan en beneficios reales para las personas que habitan los municipios de donde se extraen minerales de alto valor económico.
Los autores son claros cuando afirman que “las mineras se llevan los recursos y las ganancias y en las comunidades se quedan la pobreza, la contaminación y las enfermedades». En un contexto donde el gobierno mexicano apuesta por la extracción de minerales críticos, es fundamental discutir, de manera amplia, cómo desarrollar una transición energética justa, que evite el aumento de la pobreza y la generación o profundización de zonas de sacrificio.