La organización empresarial International Chamber of Commerce México (ICC México) anunció que se necesita un marco normativo equilibrado que garantice el acceso para la población al agua, y se proteja las actividades productivas esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión que es fuente de empleos, competitividad y prosperidad compartida, en relación a la nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Se informó que el sector industrial advierte que diversas propuestas incluidas en los proyectos legislativos parecen haber dejado de considerar y, por lo tanto, pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas de primera necesidad, como la alimentaria, farmacéutica o energética, cuya operación es vital en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.
Entre las preocupaciones del sector empresarial destacan la reducción de la vigencia de concesiones, restricciones imprecisas a la transmisión de derechos, carga regulatoria incrementada, ausencia de estudios de impacto (social, ambiental y regulatorio), así como la concentración de atribuciones en múltiples autoridades sin que queden claros los procesos que garanticen adecuadamente el debido proceso a fin de evitar caer en atribuciones discrecionales.
Se detalló que estas medidas, además de generar incertidumbre jurídica, pueden afectar negativamente en la toma de decisión de inversiones de largo plazo, encarecer bienes básicos para las familias mexicanas y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.
Al mismo tiempo, ICC México subrayó que el reto hídrico nacional debe ser atendido con un esquema legal moderno, transparente y funcional que incentive la eficiencia, fortalezca la infraestructura, promueva la inversión público-privada y armonice la legislación en materia ambiental, energética y productiva.
La organización empresarial hizo un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades federales a integrar en la Ley mecanismos realistas de transición, reglas claras de gobernanza y, conforme a los tratados internacionales vigentes en el país, garantizar el derecho humano a los procesos participativos que incluyan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sociedad civil y sector privado en un marco de corresponsabilidad.
Se informó que las propuestas del sector industrial sobre el manejo del agua, debe ser establecer seguridad jurídica de las concesiones. Reconocimiento expreso del principio de no retroactividad; incluir mecanismos que aseguren la prórroga de títulos vigentes cuando se cumplan obligaciones técnicas, ambientales, sociales y fiscales.
Así como una definición clara de acaparamiento y transmisión de derechos. Establecer criterios objetivos para evitar discrecionalidad; promover un mercado regulado de agua que permita reasignar eficientemente volúmenes sin menoscabo ambiental.
Carga regulatoria proporcional y viable. Escalonar nuevas obligaciones (medición en tiempo real, metas de reúso, cero descargas) con plazos diferenciados según ramo industrial y viabilidad tecnológica; realizar evaluaciones de impacto regulatorio antes de imponer nuevas tarifas o carga regulatoria incrementada.
Transparencia con salvaguarda de información sensible. Garantizar acceso a información de interés general sin comprometer confidencialidad empresarial, competitividad ni derechos de privacidad.
Régimen transitorio realista. Prever plazos de 3 a 5 años para la implementación de registros, normas y sistemas de información, evitando vacíos regulatorios y bloqueos a nuevas inversiones.