México vive una crisis hídrica que, al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales. Algunos son particularmente vulnerables a estos cambios, especialmente en las regiones norte y centro.
El incremento en las sequías es un reflejo de que el cambio climático ya impacta al país. La transformación en los patrones de precipitaciones es una realidad, al igual que el aumento de las temperaturas; como muestra, México ha visto un incremento de la temperatura promedio de 1.6 °C en los últimos 40 años.
Pese a dicha realidad, el andamiaje institucional y político adecuado para hacer frente a la nueva realidad no es una prioridad gubernamental. Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que el primer eslabón es modernizar la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica.
Para el IMCO, un tema a remodelar es la toma de decisiones en el sector hídrico se encuentra fragmentada entre actores públicos –en los tres niveles de gobierno– y privados con diferentes intereses y responsabilidades. Por ejemplo, actualmente existen 2,826 organismos operadores de agua -las autoridades municipales a cargo de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales- a nivel nacional.
Al mismo tiempo, la infraestructura hídrica, desde las presas hasta las tuberías y el alcantarillado, son obsoletas y presentan deficiencias en detrimento de una correcta gestión del agua. Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, el cual tiene pendiente dictaminar y aprobar la nueva Ley General de Aguas.
La disponibilidad promedio de agua por persona en México ha disminuido de forma constante en las últimas décadas, producto del crecimiento demográfico, la mala gestión y el crecimiento en la producción agropecuaria, entre otros factores. En 1960 la disponibilidad ascendía a 10 mil metros cúbicos (m3), mientras que para el año 2000 se había reducido a 4 mil m3. Actualmente, se encuentra en 3.2 mil m3 y de continuar la tendencia, se estima que para 2030 se ubique por debajo de 3 mil m3, a medida que aumenta la población, las sequías y la sobreexplotación.
México es un país vulnerable a sequías con 52 por ciento de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones. Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración. En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71 por ciento fueron severas -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26 por ciento fueron extremas -con pérdidas mayores en cultivos, y riesgo de incendios forestales- y 3 por ciento fueron sequías excepcionales, es decir con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
La región con mayor impacto es Lerma Santiago Pacifico con casi 30 por ciento de las sequías, seguida de Río Bravo con 14.3 por ciento. Asimismo, las regiones que integran la frontera norte suman casi 40 por ciento de las sequías en México, lo que vuelve a la frontera una región que requiere de gran atención en la gestión de sus recursos hídricos. Un 95 por ciento de las sequías se concentran en el norte y centro de México, lo que pone en riesgo a 46 por ciento del total del agua subterránea del país.
La importancia de las sequías crece debido al aumento de la temperatura anual en el país y en el mundo a causa del cambio climático. En promedio, la temperatura anual de México ha pasado de 20.8 °C en 2000 a 22.1 °C en 2021, es decir, un incremento de 1.3 °C.
Los estados más afectados por este incremento de temperatura están situados en el norte del país -San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Baja California- donde la temperatura media anual ha incrementado entre 1.2 y 2.4°C de 2000 a 2020.
De acuerdo con el atlas de riesgo hídrico elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC) y el World Resources Institute (WRI), dos terceras partes del país están marcadas como áreas de estrés hídrico. Estas se ubican en las zonas norte y centro, en donde reside la mayor parte de la población y se concentran las principales actividades productivas.