▰ La Cámara de Representantes de EE. UU. propuso gravar con un impuesto del 5% las remesas enviadas por migrantes no documentados a cualquier destino global. Este gravamen sería injusto, regresivo y contrario a los compromisos internacionales, pero tendría efectos limitados y no afectaría de forma significativa a la balanza de pagos.
▰ En 2024, México recibió 62,500 millones de dólares en remesas provenientes de Estados Unidos, enviadas por 8 millones de personas nacidas en México con estatus legal (ciudadanos o residentes), además de millones más de segunda generación. El universo potencialmente afectado por un impuesto sería el de los aproximadamente 4 millones de mexicanos no documentados que residen en Estados Unidos.
▰ Con el impuesto, el costo de enviar 350 dólares de EE. UU. a México pasaría de 6.00 a 23.50 dólares (casi 4 veces el costo actual). Esta gran distorsión en los precios provocaría que los migrantes no documentados busquen alternativas para los envíos de dinero.
▰ Se identifican tres alternativas que se podrían usar para evitar el impuesto: 1) recurrir al apoyo de familiares o amistades con ciudadanía o residencia en EE. UU., 2) optar por la bancarización para recibir remesas mediante transferencias interbancarias, y 3) utilizar canales informales de envío.
▰ Si el gravamen promueve el uso de canales informales para el envío de remesas, y éstos se fortalecen, se podría incentivar la participación de organizaciones criminales en estas actividades.
▰ En una primera estimación, los flujos de remesas que podrían verse más afectados por este impuesto serían, en un escenario extremo, los de Tamaulipas (-4.4%), Guerrero (-4.3%), Puebla (-3.6%), Oaxaca (-3.6%) y Veracruz (-3.4%).
▰ Las autoridades e instituciones financieras mexicanas deben responder a este reto aumentando el nivel de inclusión financiera, lo cual contribuiría en la agenda de digitalización de la presente administración.
Propuesta de ley en EE. UU.: gravamen del 5% al envío de remesas
El pasado martes 12 de mayo, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (U.S. House Committee on Ways and Means, 2025) presentó una propuesta de paquete de reformas legislativas, coloquialmente conocida como “The One, Big, Beautiful Bill”. Esta iniciativa busca proporcionar sustento legal y financiero a los programas y proyectos de la nueva administración del presidente Trump, dentro del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026.
Dentro de esta propuesta, la sección 112105 establece la creación de un impuesto especial sobre el envío de remesas al extranjero, con las siguientes características:
- Se aplicaría un impuesto del 5% sobre todas las transferencias de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero, el cual deberá ser cubierto por la persona que realiza el envío al momento de la operación.
- La empresa remesadora será la responsable de recaudar este impuesto y transferirlo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
- Estarán exentas del pago de este impuesto las personas ciudadanas estadounidenses (incluidas las personas nacionales). Para ello, la empresa remesadora deberá contar previamente con una certificación que acredite que verifica de manera adecuada la identidad y ciudadanía del remitente.
- Aunque la redacción no es completamente clara, se anticipa que las personas con un número válido de Seguro Social (por ejemplo, quienes cuenten con residencia permanente o Green Card) podrían tener derecho a un crédito fiscal para recuperar el monto pagado por este impuesto.
En resumen, esta propuesta de gravamen del 5% sobre las remesas estaría dirigida principalmente a la población migrante no documentada que envía dinero a sus países de origen.
El viernes 16 de mayo se detuvo la iniciativa debido a la inconformidad de algunos congresistas republicanos, pero el domingo 18 en la noche el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes dio luz verde para avanzar en el proyecto de ley. Consideramos que existe una probabilidad importante de que el impuesto a las remesas prevalezca cuando se apruebe el presupuesto fiscal de 2026. Al afectar únicamente a personas no documentadas, el costo político podría ser relativamente bajo.
El 97 % de las remesas que recibe México provienen de Estados Unidos
El Banco Mundial estima que Estados Unidos es el país de origen del 25.6% del total de remesas enviadas a nivel mundial (Banco Mundial, 2022). Para 2024, se proyecta que el flujo global de remesas alcance los 905,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 230,000 millones tendrían su origen en la Unión Americana.
A partir de datos de la Matriz Bilateral de Remesas elaborada por el Banco Mundial (2022), es posible estimar la proporción de remesas provenientes de Estados Unidos respecto del total recibido por cada país. En el caso de México, el 97% de las remesas provienen de ese país, lo que lo convierte en el país con el mayor grado de dependencia respecto de los recursos enviados desde la Unión Americana.
Con el impuesto, enviar 350 dólares de EE. UU. a México pasaría de costar 6.00 a 23.50 dólares (casi cuatro veces más); se buscarán alternativas para el envío de remesas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco, 2025) estimó que, durante las primeras semanas de mayo, el costo promedio por enviar 350 dólares de Estados Unidos a México fue de casi 6.00 dólares. La imposición de un impuesto del 5% sobre el monto enviado incrementaría ese costo en 17.50 dólares, lo que elevaría el gasto total a 23.50 dólares por envío. Esto representa casi cuatro veces el costo actual del envío de remesas.
Un aumento tan relevante en el costo de envío, como el que implicaría un impuesto del 5%, podría generar distorsiones artificiales en el mercado y llevar a que las personas migrantes busquen mecanismos alternativos para hacer llegar el dinero a sus países de origen. Se identifican tres posibles categorías de alternativas que las personas remitentes podrían utilizar para evitar el pago de este impuesto:
- Muchos migrantes no documentados podrían recurrir al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos para canalizar los envíos en su nombre.
- Otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que les permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales no estarían sujetas al impuesto.
- Es posible que se surjan y se desarrollen múltiples canales informales para el envío y recepción de estos recursos y remesas.
Impuesto del 5% solo afectaría a las remesas enviadas directamente por migrantes no documentados
La mayoría de la población migrante mexicana en Estados Unidos son documentados. Según estimaciones de la Current Population Survey (CPS), en 2024 residían aproximadamente 12.7 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. De ese total, 4.5 millones tienen la ciudadanía estadounidense, cerca de 3.7 millones son residentes permanentes o cuentan con algún otro estatus migratorio regular, como una visa, y se calcula que 4.5 millones son personas no documentadas.
Dentro de este último grupo, alrededor de 400,000 son beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que les otorga protección contra la deportación y permiso para trabajar. Por tanto, la población migrante mexicana que podría verse directamente afectada por la actual propuesta de impuesto asciende a aproximadamente 4.1 millones de personas. El resto de la población migrante mexicana, alrededor de 8.6 millones, que también envía remesas, en principio no se vería afectado por este gravamen.
Un migrante mexicano sin documentos podría contar con una red de apoyo familiar y comunitaria que le ayude a enviar remesas sin tener que pagar el impuesto. Por ejemplo, podría solicitar el apoyo de su hijo o hija, hermanos, tíos, abuelos, primos o personas conocidas que sean ciudadanos o que cuenten con un estatus migratorio regular. Consideramos que ésta será la primera alternativa a la que recurrirá la población migrante no documentada para evitar el pago del nuevo impuesto en el envío de remesas.
Además, se sabe que la población de origen mexicano de segunda generación, es decir, quienes tienen al menos un padre o madre nacido en México, también envía remesas, aunque en menor proporción. En contraste, las personas de tercera generación prácticamente no las envían. Lejos de ser una limitante, esto representa una oportunidad: existen 8.0 millones de mexicanos adultos de segunda generación y 7.9 millones de mexicanos adultos de tercera generación que podrían apoyar a los migrantes mexicanos no documentados en el envío de remesas, ayudándoles así a evitar el pago del impuesto.
Una proporción importante de las remesas enviadas de Estados Unidos a México se realiza a través de empresas remesadoras, con un costo por envío que varía entre 5 y 10 dólares para montos que oscilan entre 300 y 500 dólares (la remesa promedio es de 386 dólares). Es posible reducir ese costo a cerca de 5 dólares si la operación se efectúa desde una cuenta bancaria, tarjeta prepagada, aplicación móvil o vía internet, y si el dinero se deposita directamente en una cuenta en México. En contraste, cuando el envío se hace en efectivo desde una tienda o local comercial en Estados Unidos, y se paga también en efectivo en ventanilla en México, el costo tiende a acercarse a los 10 dólares.
Con la aplicación de un impuesto del 5% sobre el monto enviado, el costo de transferir 350 dólares aumentaría de 6.00 a 23.50 dólares, lo que convierte a las transferencias interbancarias en una alternativa más rentable, además de ser más segura y conveniente. Una transferencia bancaria internacional de Estados Unidos a México tiene un costo promedio de entre 25 y 40 dólares por operación, permitiendo el envío de montos significativamente mayores (de hasta 100,000 dólares o más) en una sola transacción. En contraste, los servicios tradicionales de remesas suelen establecer límites de hasta 2,000 dólares mensuales por persona en algunas instituciones.
Con la imposición del impuesto, realizar cuatro envíos de 350 dólares implicaría un costo cercano a 100 dólares. En cambio, enviar 1,400 dólares mediante una transferencia interbancaria costaría entre 25 y 40 dólares, lo que la convierte en una alternativa significativamente más económica.
De acuerdo con estimaciones que hemos realizado en BBVA Research, el 85% de los migrantes mexicanos adultos en Estados Unidos cuenta con una cuenta bancaria. Este alto nivel de bancarización se explica porque muchos servicios y pagos —incluyendo renta y servicios básicos— deben realizarse mediante el sistema financiero formal, independientemente de la situación migratoria de la persona.
El problema para recibir las remesas a través del sistema bancario radica en el bajo nivel de inclusión financiera de las personas receptoras de estos recursos en México. Ya sea por un tema de comodidad, costumbre o por miedo a la fiscalización, los receptores de remesas prefieren recibir el dinero en efectivo a través de un cajero. No obstante, si el impuesto a las remesas llega a implementarse, la búsqueda de opciones más económicas podría generar, de forma indirecta, un impulso a la inclusión financiera de los hogares receptores en México, lo cual traería beneficios en términos de reducción del crimen, mayor digitalización en la economía y aumento en bienestar para las familias receptoras.
Es posible que surjan y se desarrollen múltiples canales informales para el envío y recepción de remesas
Quienes no puedan recibir el apoyo de algún familiar o conocido con ciudadanía o residencia para el envío de remesas, y tampoco tengan acceso al sistema bancario, probablemente buscarán alternativas en canales informales para enviar y recibir estos recursos. Uno de los principales riesgos asociados a la aprobación de un impuesto elevado sobre las remesas en Estados Unidos es la creación de condiciones propicias para el surgimiento y desarrollo de mecanismos informales de envío, los cuales pueden ser tanto legales como ilegales.
Entre las alternativas legales que podrían volver a utilizarse o fortalecerse ante el encarecimiento del envío de dinero desde Estados Unidos a México se encuentran:
- Personas remesadoras que cobran alguna comisión. Durante la década de 1980 era común que personas físicas ofrecieran el servicio de envío de remesas o bienes desde Estados Unidos hacia México a cambio de una comisión. Con la expansión de las empresas remesadoras y el crecimiento de las transferencias electrónicas a partir de mediados de los años noventa, este tipo de servicios fue desapareciendo. Sin embargo, el aumento significativo en el costo de envío podría incentivar nuevamente la aparición de estas figuras informales.
- Comercio electrónico transnacional. Otra alternativa es la compra de productos y servicios en línea, pagados desde Estados Unidos y entregados directamente en México. Esto incluye tanto productos enviados físicamente desde EE. UU., como acuerdos con empresas binacionales que gestionan entregas desde almacenes en territorio mexicano. Este mecanismo permite satisfacer necesidades del hogar sin necesidad de enviar dinero directamente.
- Venta de monederos electrónicos y saldos en tarjetas de regalo. Ante el aumento en el costo del envío de dinero, podría desarrollarse un mercado de monederos electrónicos y tarjetas de regalo adquiridas en Estados Unidos y utilizadas en México para realizar compras. Esta opción permitiría a los migrantes apoyar económicamente a sus familias sin recurrir a transferencias de efectivo tradicionales.
Sin embargo, si el gravamen incentiva el uso de canales informales no legales para el envío de dinero, y éstos se fortalecen, podría incentivar la participación de organizaciones criminales en estas actividades. Es decir, la actual propuesta de ley podría afectar un mercado eficiente, competitivo, formal y legal para el envío transfronterizo de dinero, y generar las bases para el crecimiento de un mercado informal no regulado para el envío de estos recursos.
Se estima que Tamaulipas (-4.4%), Guerrero (-4.3%), Puebla (-3.6%), Oaxaca (-3.6%) y Veracruz (-3.4%) serían los estados más afectados por el impuesto a las remesas
Estimar el impacto de la propuesta actual de imponer un impuesto a las remesas es sumamente complejo, debido a las distorsiones que esta medida generaría en el mercado. Como ya se comentó, es previsible que los remitentes busquen alternativas para maximizar el valor de los recursos enviados a sus familias en México, lo que podría derivar en que parte de esos flujos ya no se contabilicen oficialmente como remesas. El ejercicio presentado a continuación representa un caso extremo de reducción en el envío de remas, ya que no contempla la posibilidad de uso de canales alternativos.
Además, cada persona migrante o comunidad migrante en Estados Unidos presenta características particulares que pueden facilitar o dificultar su capacidad para adoptar mecanismos que eviten el pago del impuesto. Algunas personas podrían contar fácilmente con el apoyo de familiares o amistades para realizar los envíos, otras podrían realizar sus envíos de recursos mediante transferencias bancarias, mientras que otras no tendrán más opción que pagar el gravamen correspondiente.
Para efectos de este ejercicio, se asumieron una serie de supuestos simplificadores, con el objetivo de realizar una primera aproximación al posible impacto del impuesto en el monto de remesas recibidas. Si bien estos supuestos no reflejan con precisión la complejidad real del fenómeno, permiten delinear un escenario base. Los principales supuestos son los siguientes:
- Las personas migrantes mantienen su patrón de envío de remesas sin buscar mecanismos para eludir el impuesto; es decir, se asume una demanda perfectamente inelástica, sin efecto sustitución.
- Las personas migrantes no incrementan el gasto total en remesas; en cambio, reducen el monto enviado en una proporción equivalente al costo del impuesto (reducción del 5%).
- El monto anual de remesas enviadas por personas migrantes no documentadas es similar entre las distintas entidades federativas.
- No se cuenta con información desagregada que permita distinguir qué proporción de las remesas es enviada por personas con ciudadanía o residencia frente a aquellas sin documentos migratorios. Con base en observaciones cualitativas, se asume para este ejercicio que el 50% del total de remesas que recibe México es enviado por migrantes no documentados y/o temporales.
- Para distribuir territorialmente a los 4.1 millones de migrantes no documentados que podrían verse afectados por el impuesto, se utiliza el promedio de los porcentajes de emisión de matrículas consulares del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) para los años 2021, 2022 y 2023. La matrícula consular es un documento que acredita la nacionalidad e identidad del titular, y cuya tramitación se asocia comúnmente con personas migrantes no documentadas.
En 2024, México recibió 62,500 millones de dólares desde Estados Unidos por concepto de remesas. Con estos supuestos, el efecto en México de un impuesto de 5% a las remesas que envían los migrantes no documentados (62,500 / 2 = 31,250 millones de dólares) sería igual a: 31,250 x 5% = 1,563 millones de dólares para 2026.
Las entidades federativas que pudieran tener las mayores afectaciones en términos monetarios serían: Michoacán (-147.5 millones de dólares, md), Guerrero (-146.6 md), Oaxaca (-124.8 md), Puebla (-122.8 md) y Guanajuato (-121.3 md). Por otro lado, los impactos relativos más elevados (como proporción del total de remesas que reciben) se observarían en: Tamaulipas (-4.4%), Guerrero (-4.3%), Puebla (-3.6%), Oaxaca (-3.6%) y Veracruz (-3.4%).
Como ya se mencionó, es importante señalar que los efectos reales sobre el flujo de remesas muy probablemente serían menores a los estimados, ya que es probable que parte de los recursos continúe enviándose a través de canales alternativos que no se reflejarán en las estadísticas oficiales.
La medida no tendría afectaciones significativas en la balanza de pagos de México
Como lo ha documentado Alejandro Werner, las remesas constituyen un componente fundamental de la balanza de pagos en México. Siguiendo su análisis, sin el flujo de remesas, el déficit de la cuenta corriente aumentaría en 3.5 % del PIB, alcanzando niveles similares a los de la crisis de balanza de pagos de 1994 (Werner, 2024). No obstante, considerando nuestra estimación de una caída de 1,563 millones de dólares, no habría un problema significativo en la balanza de pagos, ya que el déficit de cuenta corriente se incrementaría únicamente en 0.08 % del PIB. Será importante dar seguimiento a una posible recomposición en la balanza de pagos, en la que podría observarse una disminución en el flujo de remesas, pero un aumento en las transferencias bancarias.
Es importante señalar que el próximo año podría registrarse una disminución mayor en las remesas, la cual se explicaría por una caída en la actividad económica de Estados Unidos, derivada de las políticas comerciales erráticas adoptadas por ese país, que podrían provocar un aumento en la tasa de desempleo. Esta posible reducción no estaría relacionada con el impuesto a las remesas.
Consideraciones finales
La actual propuesta de ley, que busca gravar con un 5% las remesas enviadas principalmente por migrantes no documentados, forma parte de las estrategias impulsadas por legisladores simpatizantes del presidente Trump para endurecer aún más las condiciones de vida de estos migrantes en Estados Unidos.
La población migrante mexicana ya contribuye al sistema fiscal de Estados Unidos mediante el pago de impuestos sobre sus ingresos, incluso cuando muchos de ellos no cuentan con un estatus migratorio regular. Imponer un impuesto adicional sobre las remesas que envían a sus familias en México sería una medida injusta, ya que implicaría una forma de doble tributación.
El 10.º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) establece como prioridad la reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos. Una de las metas específicas para alcanzar este objetivo es disminuir los costos de transacción asociados al envío de remesas por parte de las personas migrantes. La imposición de un impuesto a las remesas va en contra de los compromisos internacionales asumidos para reducir la desigualdad global, ya que incrementa los costos de envío y limita el impacto positivo de estos flujos financieros. Además, el impuesto a las remesas es regresivo, pues afecta más a las personas migrantes no documentadas que tienen menores niveles de ingresos y menos posibilidad de poder encontrar alternativas para evitar el pago de este gravamen.
La propuesta de ley contempla un aumento significativo en el costo del envío de remesas para los migrantes no documentados, lo que probablemente los llevará a buscar canales alternativos para transferir estos recursos. Muchos optarán por solicitar el apoyo de familiares o amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos, con el fin de evitar el pago del impuesto. Otros intentarán bancarizarse para poder realizar transferencias interbancarias desde cuentas formales.
Sin embargo, es posible que una parte de los migrantes recurra a canales informales para el envío de dinero, como una estrategia para eludir el gravamen. Si el impuesto fomenta el uso de estos mecanismos no regulados y llegan a consolidarse, existe el riesgo de que organizaciones criminales se involucren en dichas actividades.
Al cierre de esta publicación, el paquete legislativo titulado “The One, Big, Beautiful Bill”, que incluye la propuesta de imponer un impuesto del 5% sobre las remesas, ha sido destrabado y continúa su curso en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para su revisión y posible aprobación. Ante esta situación, el gobierno, las empresas y la sociedad civil deben redoblar esfuerzos para informar a los legisladores estadounidenses sobre las posibles consecuencias negativas de este gravamen, tanto para México como para el propio Estados Unidos. En caso de que la medida sea aprobada, será fundamental diseñar e implementar estrategias que brinden apoyo a la población migrante mexicana y a sus familias en las comunidades de origen.